Con motivo de la reducción de los fondos del Plan de Empleo de la Junta de Extremadura, que vienen siendo utilizados por nuestros ayuntamientos para cubrir de forma temporal un buen número de puestos de trabajo (muchos de ellos con funciones de carácter estructural y permanente), se planteó el problema de la contratación de 11 conserjes de colegios públicos de la ciudad.
Estos puestos de trabajo habían sido cubiertos en los últimos años, con el citado Plan de Empleo de la Junta.
Este año, sin embargo, el Sr. Concejal de Recursos Humanos informó de que el Ayuntamiento había decidido que fuera una empresa concesionaria la que realizara las contrataciones, al no haberse encontrado una fórmula contractual que posibilitara la contratación directa por el propio Ayuntamiento, por el riesgo de que hubiera que abonar una indennización por despido improcedente tras la finalización de los contratos.
La Junta de Gobierno Local aprobó que la empresa Ferroser, concesionaria del servicio de mantenimiento, vigilancia y limpieza de dependencias municipales, fuera la encargada de contratar a los 11 conserjes, incrementando el coste anual de la concesión (que está en 1.700.000 euros, es decir, casi 283 millones de las antiguas pesetas) en 200.000 euros (según el Diario Hoy) 0 en 250.000 euros (según el Períodico Extremadura)
Ante esta situación, desde CCOO se ha remitido escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres (Que puedes descargar AQUÍ o pulsando en la imagen) solicitando información sobre las contrataciones realizadas: forma en que se ha realizado la selección del personal, salarios y derechos laborales, si se ha respetado la normativa vigente sobre el cupo para personas con discapacidad, etc. Solicitamos, finamente el acceso y la revisión del expediente administrativo.
A falta de conocer determinados datos, desde CCOO nos hacemos algunas preguntas, una vez conocido el aumento del coste de la concesión:
- ¿Ahorra costes el Ayuntamiento con la decisión adoptada o hubiera sido más económica la contratación directa, aún contando con la posible indennización por despido?
- Las competencias en Educación las tienen las Comunidades Autónomas. Hasta ahora estas comunidades, al menos la extremeña, paliaban la “no asunción de sus competencias”, mediante subvenciones directas a los Ayuntamientos para la contratación de este personal (las últimas, en el año 2008, con ayudas de casi 8 millones de euros) o mediante los fondos de Planes de Empleo. En el año 2005, cuando se financiaba por la Junta el 50% de los costes de contratación, el equipo de gobierno (del partido popular), planteaba, por mediación de su portavoz, que se asumiría el Convenio correspondiente “si no supone un gravamen excesivo para las arcas del Ayuntamiento” (sic). En el momento actual, en plena crisis, con la situación financiera del Ayuntamiento que es bien conocida, con los recortes presupuestarios de la Junta de Extremadura y teniendo en cuenta que en ambas administraciones gobierna el mismo partido, ¿cuándo solicitará oficialmente el equipo de gobierno que la Comunidad Autónoma asuma de una vez por todas las competencias que el Estatuto establece?
Los costes de las concesiones de servicios públicos se disparan dia tras día. Se han convertido en un pozo sin fondo y el recurso fácil al que los equipos de gobiernos que se van sucediendo acuden para cualquier descosido, ante la demostrada incapacidad que vienen demostrando en la mejora de la gestión de los medios propios con los que cuenta el Ayuntamiento. El problema es que, mucho nos tememos, tal incapacidad también se manifesta a la hora de controlar de forma efectiva el cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones. Y todo ello sin que se haya desmostrado en ningún momento que las concesiones de servicios públicos a empresas privadas conlleven mejores y más baratas prestaciones a la ciudadanía.
Esta situación que comenzó hace tiempo, se agudizará posiblemente en un momento en que la mayor parte de nuestros políticos han asumido que la mejor gestión es que gestionen “otros” y que pone en grave riesgo servicios públicos esenciales.
Desde CCOO vamos a estar atentos y seguiremos exigiendo la necesidad de mejorar la organización de nuestra administración. Una mejora que debe partir desde la responsabilidad de aquellos que piden su voto a la ciudadanía pero que también debe ser asumida por quienes, con nuestro trabajo diario, tenemos que hacerla efectiva pues debemos ser los mayores interesados en el mantenimiento y mejora de los servicios públicos.
En paralelo pediremos al equipo de gobierno que ponga los medios necesarios para implantar transparencia en la gestión pública y en los servicios públicos concesionados o externalizados. Que a medida que se vaya acercando la finalización de las concesiones, se realicen los estudios pertienentes para comprobar si resulta más económica la gestión directa por la administración y que, en todo caso, se exija y valore a las empresas concesionarias, además del respeto a la normativa vigente, medidas de responsabilidad social corporativa que beneficie y posibilite competir a aquellas que se preocupan, invierten y contribuyen voluntaria y activamente al mejoramiento social, laboral y ambiental de la sociedad, en detrimento de aquellas otras cuyo único interés radica en el beneficio empresarial.
